Indicadores socioeconómicos de los hogares: Equipamiento y uso de TIC en los hogares, por Antonio Jesús Sánchez-Fuentes

Tras la publicación el pasado mes de enero del informe “Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica” pretendemos en este documento actualizar los indicadores allí incluidos, una vez se disponen de nuevos datos publicados. A nivel institucional, este informe -como también lo fue el escrito en 2018- es una colaboración de la Unidad de Investigación y Estudios de Familia de la ONG Acción Familiar y el Grupo de Investigación en Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vivimos una época de cambios profundos donde consideramos muy oportuno realizar un seguimiento detallado de la situación social y económica de los hogares españoles de cara a identificar los múltiples impactos que la pandemia actual podría causar en sus múltiples dimensiones (sanitaria, social, económica o política, entre otras) y poder así diseñar e implementar las correctas medidas de apoyo a las familias.

En este ?️ Volumen VI ?️ resumimos un aspecto que, progresivamente, va adquiriendo relevancia en nuestro día a día. En concreto, el relativo a las tecnologías de la información y comunicación, analizando el impacto de la distribución de este tipo de equipamiento entre los distintos hogares y el uso que se hace de los más comunes (ordenador, teléfonos móviles y/o tabletas).


Antonio Jesús Sánchez Fuentes

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM) & GEN-Uvigo
Director del Grupo de Investigación “Políticas de Familia de la U. Complutense de Madrid.

1. En este volumen resumimos un aspecto que, progresivamente, va adquiriendo relevancia en nuestro día a día. En concreto, el relativo a las tecnologías de la información y comunicación, analizando el impacto de la distribución de este tipo de equipamiento entre los distintos hogares y el uso que se hace de los más comunes (ordenador, teléfonos móviles y/o tabletas).

2. Equipamientos hoy casi universales como el acceso a internet con banda ancha (96.1% en 2021) registraban en 2006 porcentajes significativamente más bajos (28.1%). En el caso del teléfono móvil, se registra un nivel de penetración cercano al 100% para todas las categorías incluidas en la encuesta de referencia.

3. El 93.9% de la población española se ha conectado a internet en los últimos tres meses, y el 85.8% lo hace de forma diaria, indicando lo cotidiano de esta realidad. Sin embargo, sólo el 55.2% declaraba haber comprado bienes y servicios online.

4. El uso de internet decrece con la edad y aumenta con el nivel educativo, en ciudades más grandes y en hogares de mayor tamaño. También se observa que el sexo, la nacionalidad y si se trabaja por cuenta propia o ajena, no tiene impacto en este sentido.

5. Para los adultos (16 a 74 años), se observa una doble brecha generacional. Una, menor, en cuanto al acceso a internet y otra, mayor, en cuanto a la frecuencia de uso de internet. En concreto, mientras que más del 90% de las personas hasta 54 años acceden a internet casi
diariamente, para los que se sitúan de 65 a 74 años este porcentaje disminuye un 30%.

6. La situación laboral también condiciona el uso de internet siendo los/as pensionistas y las personas dedicadas a las labores del hogar las que obtienen registros más bajos. Esto indica la importancia de reducir esta brecha digital que parece sufrir estos colectivos, de forma que
garanticemos su acceso a los servicios y productos ofrecidos a través de internet.

7. En cuanto al catálogo de servicios usados por cada colectivo según características demográficas, los de “Comunicación” y “acceso a la información” son los que presentan registros superiores (con cifras cercanas al 100% y al 80% para los menores de 55 años).

8. En cuanto a las distintas vías que los ciudadanos empleamos para contactar con las administraciones públicas, observamos discrepancias significativas conforme se avanza en el rango de edad. Así, si el 80% de los que tienen de 25 a 34 años manifiesta haber tenido algún tipo de contacto con la administración, sólo el 40% de los mayores de 65 y menores de 74 declaran lo mismo.

9. Los resultados muestran con claridad una relación (directa) de la interacción con las administraciones públicas según el nivel de estudio y el nivel de ingresos de las personas. Esto, de nuevo, ilustra sobre el potencial riesgo de exclusión digital que sufre aquellos/as en peor
posición relativa. Los efectos perniciosos (tanto directos como indirectos) de estas diferencias sugieren la urgencia de atender y corregir este fenómeno.

10. En líneas generales, un porcentaje muy bajo de la población española declara tener “mucha” confianza en internet, lo que puede impedir el uso pleno de los servicios y productos ofrecidos allí, así como todas las interacciones con las administraciones públicas que pudieran propiciar mejoras.

11. El elemento más condicionante parece ser la edad (con una mayor desconfianza para aquellos de más edad), seguido del sexo (más confianza por parte de los hombres) y la nacionalidad (mejor para los/as extranjeros/as).

12. Respecto a la incidencia del teletrabajo, el patrón general indica que hay un porcentaje alto de trabajadores que no han teletrabajado simplemente por la imposibilidad de hacerlo (en torno a un 60% para la mayoría de las características). Más importante, en torno al 20% de los trabajadores no teletrabajaron, aunque podían hacerlo, lo que indica que pueden existir barreras a la completa implementación de esta modalidad de trabajo a distancia.

13. Las cifras indican con claridad la relación inversa del salario y el nivel de estudios con la posibilidad de teletrabajar, añadiendo más dificultades a aquellos/as con una peor posición relativa en el mercado de trabajo. Esto se visualiza de forma nítida según la ocupación principal (TIC versus otras), con diferenciales de incidencia de 60 puntos básicos.

14. Otro aspecto relevante es la de los que pudiendo teletrabajar no lo hicieron, algo que ocurrió en mayor medida a aquellos trabajadores con más salario y formación.

15. Los más jóvenes y las mujeres valoran mejor el teletrabajo, si bien lo hace más pensando en las ventajas que aporta a nivel profesional que a nivel personal.

16. Además, trabajar a tiempo parcial conduce a una puntuación significativamente peor a nivel personal, lo que muestra que, quizás, no estamos adoptando esquemas adecuados de trabajo a distancia.

17. El balance general muestra cómo las ventajas -sistemáticamente por encima del 50%- están más presentes que las desventajas -por debajo del 30% para la mitad de las opciones incluidas-, por lo que valoración parece globalmente positiva. Además, no se observan diferencias significativas de valoración entre mujeres y hombres.

18. Respecto a las ventajas del teletrabajo, “evitar desplazamientos” es el principal beneficio declarado por los encuestados, seguidos por la mejora de la gestión del tiempo de trabajo. En el siguiente nivel se sitúa tanto la mejor de la conciliación de la vida familiar como el mejor
aprovechamiento/ahorro de tiempo que supone (especialmente para trabajadores más jóvenes y de municipios de más tamaño). En menor medida, se valora la comodidad de trabajar desde casa y, sobre todo, el ahorro de dinero que supone.

19. Por el lado negativo, el 80% de los trabajadores manifiesta como impacto negativo la falta de relación social con sus compañeros. A continuación, con un 60% de respuestas afirmativas, aparece la dificultad que encuentran de desconexión laboral. El tercer favor negativo indicado – en torno al 40%- es la mayor sobrecarga de trabajo asumida en esta modalidad. Finalmente, con una incidencia menor encontramos otros factores como la incomodidad de trabajar desde casa, una peor organización del trabajo y/o la falta de recursos técnicos.

20. Para los menores de 10 a 15 años, observamos que el uso de internet (por encima del 90% en todas las categorías incluidas) es casi unánime, de forma mayoritaria a través de ordenadores y/o tabletas.

21. Los teléfonos móviles igualan los registros sólo a partir de 14 años, una vez va ganando peso de forma progresiva su presencia en el rango de 10 a 13 años, donde se pasa de un 20% a un 85.7% con 13. Aquellos hogares con menos ingresos (por debajo de 900 euros netos mensuales) muestran registros ligeramente inferiores, lo que nos alerta sobre el riesgo de exclusión de estos menores tanto en lo digital como, también, en las relaciones sociales tan importantes a estas edades.

22. La incidencia de las clases online en los últimos tres meses es mayor para los niños de más de 10 años (un 20% más que los de 6 a 9), al no ser obligatorias para los más pequeños.

23. Por lo demás, mientras que el tamaño de la localidad y el sexo/género no parece jugar un papel relevante, el nivel de ingresos sí que introduce algunos matices. En concreto, los de menor renta, tienen una mayor limitación de medios en el hogar para atender los compromisos formativos de sus hijos/as algo que termina provocando menores porcentajes de asistencia a clases online (10- 15 puntos básicos).

24. Dentro del grupo de mayores de 75 años, la edad se revela con claridad como un factor diferencial claro, con diferenciales de participación negativos para los mayores de 85 años superiores a 20 puntos porcentuales básicos.

25. Dentro del grupo de mayores de 75 años, mientras que el sexo no parece jugar un papel relevante, la nacionalidad sí que influye en la frecuencia de uso de internet, con cifras que casi triplican las obtenidas para los/as nacionales. También la estructura familiar (por tamaño y tipología) influye en los registros obtenidos obteniéndose cifras más altas para los hogares de menor tamaño, donde no residen los hijos y, también, donde se convive en pareja.

26. Finalmente, el uso declarado como más recurrente es el de la “comunicación”, seguido por el de “acceso a la información” y, en tercer lugar, otras actividades que no serían ni aquellas vinculadas al aprendizaje ni a la participación política y social. Estas cifras, además, son muy sensibles a características como la edad, la nacionalidad (con cifras mejores para los/as extranjeros/as), el nivel de estudios y de ingresos -especialmente en la categoría de aprendizaje- y la estructura familiar.

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