Situaciones de especial vulnerabilidad. Personas y hogares según presencia de discapacidad.

Tras la publicación en enero de 2021 del informe “Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica” pretendemos en este documento actualizar los indicadores allí incluidos, una vez se disponen de nuevos datos publicados. A nivel institucional, este informe -como también lo fue el escrito en 2018- es una colaboración de la Unidad de Investigación y Estudios de Familia de la ONG Acción Familiar y el Grupo de Investigación en Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vivimos una época de cambios profundos donde consideramos muy oportuno realizar un seguimiento detallado de la situación social y económica de los hogares españoles de cara a identificar los múltiples impactos que la pandemia actual podría causar en sus múltiples dimensiones (sanitaria, social, económica o política, entre otras) y poder así diseñar e implementar las correctas medidas de apoyo a las familias.

En este ?️ Volumen VII ?️ damos visibilidad a un colectivo vulnerable que, sin duda, merece una mayor visibilidad.
También en términos estadísticos donde se excluyen estas características de encuestas con mayor periodicidad que facilitarían su estudio y análisis.

Antonio Jesús Sánchez Fuentes 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM) & GEN-Uvigo
Director del Grupo de Investigación “Políticas de Familia de la U. Complutense de Madrid.

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1. En este volumen damos visibilidad a un colectivo vulnerable que, sin duda, merece una mayor visibilidad. También en términos estadísticos donde se excluyen estas características de encuestas con mayor periodicidad que facilitarían su estudio y análisis.

2. La prevalencia de la discapacidad en España se sitúa en 2020 en niveles cercanos al 6%, un 0.6% más desde 2014. Es un colectivo con más hombres (60%) que mujeres (40%) y más envejecido que el resto de la población, con mucho más peso de la franja de 45 a 64 años, poniendo de manifiesto que ser discapacitado es, en la mayoría de los casos, una característica personal adquirida a lo largo de la vida.

3. En términos agregados, se observa un crecimiento suave pero sostenido del número de personas con discapacidad reconocida (+266.500 desde 2014), con mayor presencia de hombres (54,5% del total en 2020).

4. Según tipos de discapacidad, se observa una mayor incidencia de las discapacidades físicas (más del 50%), seguidas de las mentales (340.800 personas en 2020), seguidas de las intelectuales (200.000) y sensoriales (184.000).

5. Según el grado de discapacidad. se observa que son los de menor grado (33 a 40%) los que representan un mayor porcentaje del total (46,1%). Además, son los más que han aumentado más desde 2014 (casi 200,000 personas más) frente a la estabilidad del resto de categorías.

6. En muchas ocasiones, cualquiera de las formas de discapacidad reconocidas oficiales genera dependencia. En conjunto, se observa una tasa de dependencia del 16.1%, un 1.1% más que en 2014.

7. Según características vemos que mientras que el sexo y la edad tienen poca relevancia, las características propias de la discapacidad sí que condiciona las posibilidades funcionales de estas personas. Por ejemplo, menos del 10% de las personas con discapacidad sensorial son
dependientes, casi el 50% de las intelectuales sí lo son. El grado de discapacidad, como cabría esperar, también es un factor determinante fundamental, teniendo aquellos/as con más del 75% un diferencial de dependencia de 50 puntos porcentuales respecto a los de grado más bajo.

8. Los hogares de parejas con hijos son los más numerosos en la distribución (40,8% en 2020) de hogares con alguna persona edad de trabajar con discapacidad, seguidos por los hogares no nucleares que representan un 17,9%. Al contrario, los monoparentales con hijos (11% en 2020) y los unipersonales (14.7%) son los menos representados.

9. La incidencia relativa de la discapacidad en los hogares es mayor para los no nucleares, con una prevalencia cercana al 20%, frente al 10-11% obtenido para el agregado, seguidos por los monoparentales con hijos (en torno al 14%).

10. En el 60% de estos hogares no conviven ni menores de 16 años ni mayores de 64 años, frente a aquellos/as donde sí viven simultáneamente menores y personas mayores que no alcanzan el 2%. Dentro de cada categoría, se observa que es mucho más probable la presencia de mayores de 64 que la de los menores (18,4% frente a 7% en 2020).

11. Se registra una incidencia relativa de la presencia de personas con discapacidad superior al promedio en aquellos hogares donde no todos sus miembros en edad de trabajar están ocupados, circunstancia que puede ser consecuencia de la necesidad de atención a este colectivo.

12. En el ámbito educativo, obtenemos que las personas con discapacidad presentan pesos relativos mayores para el nivel educativo más bajo y menores para el más alto, lo que nos indica su peor posición relativa en cuanto al acceso al mercado de trabajo y, posiblemente, la presencia de mayores dificultades en su proceso formativo o educativo.

13. En el ámbito educativo, observamos diferencias significativas según tipologías, registrándose peores niveles educativos para el colectivo de discapacidad intelectual.

14. En el ámbito educativo, también el grado de discapacidad muestra un impacto claro respecto a la consecución de los distintos niveles, con mayores pesos de niveles superiores para los de menor grado de discapacidad.

15. En cuanto a los indicadores de empleo, observamos para todas las categorías una importante brecha para el colectivo de personas con discapacidad al registrar menores tasas de participación y empleo y mayores tasas de paro.

16. Según sexo (columna izquierda) observamos cómo las brechas de empleo según género desaparecen para este colectivo, indicando que ser discapacitado/a iguala a la baja a ambos sexos.

17. Según grupo de edad, observamos un mejor comportamiento en el empleo para los de 25 a 44 años, a pesar de la importante diferencia que se registra en términos de participación respecto al resto de la población (40-50 puntos porcentuales). También se observa para los/as más jóvenes enormes dificultades con tasas de empleo y paro en torno al 10% y al 60%, respectivamente.

18. Según tipo de discapacidad, las diferencias en el empleo son mayores para los trastornos mentales e intelectuales, con cifras cercanas al 50% tanto en participación como en empleo, casi el doble de la brecha registrada para las personas con discapacidad sensoriales.

19. Finalmente, como cabría esperar, el grado de discapacidad es un factor fundamental para explicar las diferencias registradas en los indicadores de empleo. Así, las diferencia en actividad y empleo se duplican/triplican para grados de discapacidad superiores.

20. Los últimos datos muestran que uno de cada cuatro ocupados con discapacidad disfrutó de bonificación o reducciones en sus cuotas de cotización en 2020. Además, este porcentaje crece con el grado de discapacidad (uno de cada dos para los de 75% o más) y aquellos/as
con discapacidad intelectual (uno de tres). También observamos que las diferencias según sexo han aumentado desde 2014.

21. Dos de cada tres personas con discapacidad tienen una prestación y, aunque presenta estabilidad respecto al año base, sí que observamos una gran heterogeneidad según las características. Por ejemplo, esta cifra aumenta con la edad y el grado de discapacidad.

22. La brecha salarial entre las personas con discapacidad y el resto de la población manifiesta un comportamiento según características. Según sexo, la brecha salarial es mayor para los hombres, aunque la diferencia, desde el año 2010, se ha reducido por la subida de la brecha
en el caso de las mujeres. Según la edad, los de edad intermedia (30 a 44 años) son los/as que sufren una mayor penalización. El tipo de jornada también condiciona el impacto, siendo mayor para aquellos/as con contratos de tiempo completo. Finalmente, el tipo de contrato
afecta, sobre todo, a los hombres con contrato indefinido.

23. En términos anuales, podemos también analizar la pérdida salarial relativa de las personas con discapacidad. La pérdida en términos agregados se sitúa en 2019 en 16.1%, un 6.1% más que en 2010. Esta pérdida es más intensa (en torno al 20%) en el caso de los hombres, las personas de más de 30 años.

24. En el caso de las mujeres con discapacidad, la pérdida salarial con respecto a las mujeres sin discapacidad ha aumentado 10 puntos porcentuales aproximadamente en la última década, por lo que enfrentan la doble penalización que ya hemos mencionado en otros volúmenes y análisis con otros temas como, por ejemplo, la maternidad.

25. Para concluir el informe, miramos también aspectos distributivos que ilustran sobre la posición relativa del colectivo de personas con discapacidad en el conjunto de la sociedad. Obtenemos en todos los casos una concentración excesiva de 15-20 puntos porcentuales en la mediana de la distribución salarial. Esta peor posición relativa es aún más clara para los mayores de 30 años, porque esta diferencia se obtiene para el primer cuartil.

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