Participación/integración social y discapacidad: en busca de una sociedad inclusiva

Por:     Mª Teresa López López

Antonio Jesús Sánchez-Fuentes

14 de Diciembre de 2020

En las circunstancias actuales, corremos el riesgo de que la pandemia sanitaria global que enfrentamos absorba nuestra atención y dedicación, obviando otros problemas sociales previos, que tienen un carácter estructural, y que, además, puede haberse visto especialmente afectado durante la misma.

Entre otras, el pasado jueves 3 de diciembre, celebramos el día internacional Día Internacional de las Personas con Discapacidad (DIPD). En cierto sentido, la valoración de la existencia de este reconocimiento por parte de Naciones Unidas (¡aunque sólo desde 2006!) es ambivalente. Por un lado, su propia existencia indica que la sociedad no ha sido capaz aún de conseguir que estas situaciones se perciban e integren con absoluta normalidad. Por otro lado, se da repercusión y se muestran realidades que enfrentan dificultades adicionales que pasarían desapercibidas de otro modo. De hecho, en la Figura 1, donde se recoge los datos de búsquedas de internet de Google Trends para el periodo 2016-2020, se aprecia cómo este periodo aumenta la atención que dedicamos a este colectivo.

»En el año 2018 residían en España un total de 1.889.800 personas con discapacidad en edad de trabajar (16-64 años), de las que 1.554.000 estaban certificadas por las autoridades. En esta entrada queremos analizar y destacar la necesidad de implementar mecanismos institucionales que garanticen la participación/integración social de este colectivo en España.»

Por todo ello, en esta entrada queremos analizar –y destacar- la importancia de implementar mecanismos institucionales que garanticen la participación/integración social del colectivo de discapacitados en España donde, según la Encuesta del INE sobre “El empleo en las personas con discapacidad”, había en el año 2018 un total de 1.889.800 personas con discapacidad en edad de trabajar (16-64 años), de las que 1.554.000 estaban certificadas por las autoridades (con un aumento del 77,9% de las certificadas desde 2008).[1]

»Se hace obligado no olvidar la enorme heterogeneidad existente en el colectivo, que ha experimentado un incremento significativo en la última década (77,8% sólo considerando las personas certificadas). Tienen un mayor peso en la distribución las discapacidades relacionadas con el sistema osteoarticular, y los trastornos mentales e intelectuales. Esto demanda que las medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de este colectivo necesariamente ha de estar diseñada de forma flexible de forma que se pueda adaptar a características tan diversas.»

Para ello, conviene comenzar con hacer algunas reflexiones previas. Primero, se hace obligado no olvidar la enorme heterogeneidad existente en el colectivo, debido a las características propias de cada una de las categorías reconocidas de forma oficial. A modo de ilustración, ver Figura 2, observamos la composición del colectivo para 2018, según la tipología de discapacidad, y la comparativa con la situación en 2014. Se aprecia de forma clara tanto los colectivos que tienen un mayor peso en la distribución (sistema osteoarticular trastornos mentales, e intelectual) como aquellos que han crecido más en los últimos años (otros, sistema osteoarticular, y trastornos mentales), aunque todos han experimentado un incremento significativo en la última década. Como parece lógico pensar, aún teniendo que afrontar, cada persona que forma parte de este colectivo, retos añadidos en su día a día, éstos serán muy diferentes para aquellos que tenga discapacidades relacionadas con el sistema visual, en comparación con quienes presenten un trastorno mental o intelectual. Esto demanda que las medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de este colectivo necesariamente ha de estar diseñada de forma flexible de forma que se puede adaptar a características tan diversas.

»Si la condición de discapacidad conlleva dependencia, los familiares suelen convertirse de forma casi automática en cuidadores, condición añadida al resto de características personales y profesionales. Por lo tanto, la condición de discapacidad en un hogar/familia, es un hecho inicialmente individual pero que implicará también cambios en la toma de decisiones en su entorno cercano.»

Segundo, aunque no siempre es así, si la condición de discapacidad conlleva dependencia, los familiares suelen convertirse de forma casi automática en cuidadores, condición añadida al resto de características personales y profesionales. Por lo tanto, la condición de discapacidad en un hogar/familia, es un hecho inicialmente individual pero que implicará también cambios en la toma de decisiones en su entorno cercano. En este sentido, la Figura 3 nos muestra su mayor presencia en los últimos años (ha pasado de representar un 7,1% en 2009 a un 11,9 % en 2018) y que no afecta por igual a todos los tipos de hogares, siendo las “parejas con hijos” la composición más presente en la distribución.

»El hecho de ser discapacitado es una circunstancia que, en la mayoría de los casos, es una característica adquirida a lo largo de la vida.»

Tercero, el hecho de ser discapacitado es una circunstancia que, en la mayoría de los casos, es una circunstancia/característica adquirida a lo largo de la vida, como mostramos en la Figura 4, donde se recoge el número de discapacitados según tramos de edad y sexo durante el periodo 2008-2018. Se observa que las diferencias según tramos de edad son más significativas que las que se aprecian según sexo, ya que tanto hombres como mujeres muestran una evolución temporal similar en la que la mayoría se concentra en el tramo de 45 a 65 años.

»Hay una enorme diversidad existente al concretar, por parte de los distintos agentes e instituciones implicados, su visión particular del concepto de participación e inclusión social. Posiblemente, por las distintas escalas de relevancia de las distintas dimensiones que necesariamente habría que incluir en una definición global (laboral, educativa, social, política, cultural, deportiva, etc.).»

Por último, nos referimos al concepto central que pasaremos a describir con más profundidad en lo que resta de entrada; el de participación/inclusión/integración social del colectivo de discapacitados. En concreto, queremos destacar la enorme diversidad existente al concretar, por parte de los distintos agentes e instituciones implicados, su visión particular de este fenómeno. Posiblemente, no se deba tanto a falta de consenso (algo común en otras áreas) sino a distintas escalas de relevancia de las distintas dimensiones que necesariamente habría que incluir en una definición global (laboral, educativa, social, política, cultural, deportiva, etc.). Entre otros, McConkey (2020) analiza la evolución temporal de la percepción pública respecto a los derechos de las personas con discapacidad para el caso de Irlanda, respecto a las distintas dimensiones participación social. Sus resultados muestran cómo la percepción puede ser distinta para cada tipo de discapacidad. Por ejemplo, el público irlandés es más comprensivo con los derechos de las personas con discapacidades físicas y sensoriales que con las que tienen impedimentos cognitivos o emocionales.

Tras estas reflexiones previas, que sirven de introducción a la realidad española, podemos analizar la evidencia existente respecto a esta realidad en la literatura académica y los modelos planteados que podrían guiarnos en el proceso de discusión.

»Hästbacka et al. (2016) encuentran que las principales barreras identificadas se relacionaban con factores financieros, actitudes, problemas de salud y desempleo. Al contrario, los facilitadores identificados con mayor frecuencia estaban relacionados con la legislación y las políticas en materia de discapacidad, así como con el apoyo de personas en estrecho contacto con los discapacitados, las actitudes en la sociedad y las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.»

En cuanto a los factores que pueden dificultar o facilitar la participación social, Hästbacka et al. (2016) revisa de forma sistemática estudios científicos previos relacionados con la participación social de las personas con discapacidades. Para ello, los autores realizaron búsquedas en seis bases de datos pertinentes de ciencias sociales utilizando como palabras de búsqueda la participación social de las personas con discapacidades, o diferentes combinaciones de estas. Tras este proceso, se seleccionaron 32 estudios que fueron analizados con cuatro medidas; (i) identidad del grupo de participantes, (ii) tipo de participación; (iii) tipo de facilitadores; (iv) tipo de barreras. Sus conclusiones muestran que el enfoque dominante se centra en el mercado laboral y que la participación en la sociedad se estudió principalmente de forma agregada para las personas discapacitadas en general. Asimismo, las principales barreras identificadas se relacionaban con factores financieros, actitudes, problemas de salud y desempleo. Al contrario, los facilitadores identificados con mayor frecuencia estaban relacionados con la legislación y las políticas en materia de discapacidad, así como con el apoyo de personas en estrecho contacto con los discapacitados, las actitudes en la sociedad y las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.

En cuanto al enfoque conceptual, tal y como hicimos en López-López et al. (2018), consideramos oportuno reflexionar sobre la base del enfoque de las capacidades, introducida por Amartya Sen -Premio Nobel de Economía 1998-.  Aunque el propio autor reconoce que la palabra “capacidad” no es excesivamente atractiva, él mismo señala que “[…] quizá se hubiera podido elegir una mejor palabra cuando hace años traté de explorar un enfoque particular del bienestar y la ventaja en términos de habilidad de una persona para hacer actos valiosos o alcanzar estados para ser valiosos. Se eligió esta expresión para representar las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser: los distintos funcionamientos que se pueden lograr.”

»Parece necesario abordar las (dis)capacidades, no desde el enfrentamiento entre capacidad-discapacidad, sino como igualdad-diferencia, porque los seres humanos son a la vez iguales y diferentes.»

Debemos abordar las (dis)capacidades, no desde el enfrentamiento entre capacidad-discapacidad -que son términos excluyentes-, sino como igualdad-diferencia que son términos perfectamente compatibles entre sí, porque los seres humanos son a la vez iguales y diferentes. Este enfoque permite centrarnos en las diversas cosas que una persona puede valorar hacer o ser, que pueden ir desde las más elementales, como comer bien o evitar la enfermedad, hasta el desarrollo de actividades o estados personales mucho más complejos, como participar en la vida de la comunidad o configurar su propia familia.

Por ello, de cara a valorar la participación social de cada colectivo (según grado y tipología de discapacidad) resulta necesario tener en cuenta las oportunidades que tienen las personas para elegir y llevar una u otra clase de vida. Si aceptamos esta interpretación del desarrollo humano deberíamos comenzar preguntándonos si existen verdaderas oportunidades en términos de las capacidades reales para la población con discapacidad. La respuesta a esta pregunta inicialmente genera dudas, pues como se verá en el siguiente bloque de la entrada, donde analizaremos la situación de este colectivo en el mercado de trabajo español, parece existir una brecha -multidimensional- que les hace ser más vulnerables que el resto de la población.

»En el ámbito educativo, el patrón general que obtenemos consiste en la mayor presencia relativa de analfabetos y personas con estudios primarios entre las discapacitadas y, también, por una presencia mucho más reducida entre los de estudios superiores (en torno a 20 puntos básicos menos, tanto para hombres como para mujeres).»

En concreto, cerramos la entrada con un análisis de la participación de este colectivo en el ámbito educativo como en el mercado de trabajo (comparando niveles de estudios y tasas de participación, ocupación y paro de los discapacitados con el del resto de la población).

»En cuanto al mercado de trabajo, nuestros resultados muestran las mayores dificultades que enfrenta este colectivo, al registrar menores tasas de participación y empleo y mayores tasas de paro.»

En cuanto al mercado de trabajo, la Figura 5 recoge las mayores dificultades que enfrenta este colectivo, al registrar menores tasas de participación y empleo y mayores tasas de paro. Según sexo (panel superior izquierdo), aunque los patrones son similares, las brechas son ligeramente menores para ellas, quizás por los peores registros del total de mujeres en el mercado de trabajo. Cuando se analiza la situación según tramos de edad (panel superior derecho), vemos cómo las diferencias son mayores conforme se avanza en la edad, lo que indica la acumulación de circunstancias negativas que enfrentan a lo largo de su ciclo vital que termina derivando en la expulsión de aquellos/as que no consiguen su plena inclusión en el mismo.

»Según tipo de discapacidad, preocupa especialmente la situación del colectivo con trastornos intelectuales con grados superiores de discapacidad, al ser los que más desigualdad soportan en el ámbito educativo, con tasas mayores de analfabetismo -en torno al 30%- y una penalización acumulada de más del 50% para niveles educativos igual o superiores al de secundaria.»

Según tipo de discapacidad (panel inferior izquierdo), las diferencias son mayores para los trastornos mentales e intelectuales, con cifras cercanas al 50% tanto en participación como en empleo, casi el doble de la brecha registrada para los discapacitados sensoriales. Finalmente, como cabría esperar, el grado de discapacidad es un factor fundamental para explicar las diferencias registradas. Mientras que para los discapacitados de menor grado (33%-44%) la diferencia en actividad y empleo se sitúa alrededor de 20 puntos básicos, para los superiores se alcanzan diferencias de 40%, 50-60% para los de 45%-64% y los de grados superiores, respectivamente.

Dado que la estadística que usamos en esta entrada no incluye a los discapacitados de menos de 16 años, usaremos como proxy de su inclusión en el ámbito educativo el nivel de estudio alcanzado. Así, la Figura 6 reproduce la figura anterior para el nivel de estudio obtenido por el colectivo de discapacitados, en comparación con el resto de población. El patrón general, obtenido de forma clara en los paneles según sexo y edad, consiste en la mayor presencia relativa de analfabetos y personas con estudios primarios entre las discapacitadas y, también, por una presencia mucho más reducida entre los de estudios superiores (en torno a 20 puntos básicos menos, tanto para hombres como para mujeres). Según tipo de discapacidad, preocupa especialmente la situación del colectivo con trastornos intelectuales al ser los que más desigualdad soportan en el ámbito educativo (mayores tasas de analfabetismo y una penalización acumulada de más del 50% para niveles educativos igual o superiores al de secundaria). Por último, el grado de discapacidad nos permite identificar la enorme penalización de aquellos/as que presentan el último escalón considerado (más del 75%), donde se concentran los/as que presentan analfabetismo. Los niveles intermedios nos muestran un perfil asociado de forma directa con el grado de discapacidad indicando que mayores grados de discapacidad disminuirá la probabilidad de alcanzar secundaria y, como consecuencia, estudios superiores.

»El colectivo de personas con discapacidades, y sus familias, demandan de nuestra sociedad un trato inclusivo que les proporcione el espacio necesario para desarrollar sus capacidades, respetando las diferencias que presentan.»

En resumen, el colectivo de personas con discapacidades, y sus familias, que son mayoritariamente su principal apoyo y en los casos en que lo necesitan, sus cuidadores, demandan de nuestra sociedad un trato inclusivo que les proporcione el espacio necesario para desarrollar sus capacidades, respetando las diferencias que presentan. Estas pueden llegar a ser muy diferentes entre sí, por lo que tanto los decisores públicos como los privados (empresarios, principalmente) estamos obligados a, como sugiere el premio nobel Sen, adoptar enfoques constructivos que eliminen dicotomías excluyentes que terminen perjudicando a nuestra sociedad, al no permitirles contribuir de forma plena, eso sí, de acuerdo con sus capacidades.

Por todo ello reconocer que somos iguales pero a la vez diferentes, nos ofrece una nueva forma de mirar que ayudará a construir una sociedad más rica, no sólo en términos económicos, sino y sobre todo en términos humanos.

Tablas y Figuras

Figura 1: Búsquedas Google de “discapacidad” a nivel mundial (2016-2020)

Fuente:Google Trends, datos semanales (2016-2020)

Figura 2: Distribución de discapacitados en edad de trabajar (16-64 años) en España, según tipo de discapacidad

Fuente: El Empleo de las Personas con Discapacidad, INE.

Figura 3: Distribución de discapacitados en edad de trabajar (16-64 años) en España, según composición del hogar al que pertenecen

Fuente: El Empleo de las Personas con Discapacidad, INE.

Figura 4: Distribución de discapacitados en edad de trabajar (16-64 años) en España, según sexo y grupo de edad

Fuente: El Empleo de las Personas con Discapacidad, INE.

Figura 5: Brechas de participación en el mercado de trabajo de los discapacitados en España (2014-2018)
Fuente: El Empleo de las Personas con Discapacidad, INE.

Figura 6: Brecha educativa del colectivo de discapacitados en España (2014-2018)
Fuente: El Empleo de las Personas con Discapacidad, INE.

Referencias

• Hästbacka, E., Nygård, M., Nyqvist, F. (2016) «Barriers and facilitators to societal participation of people with disabilities: A scoping review of studies concerning European countries», ALTER, European Journal of Disability Research 10 (2016) 201–220.

Link:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067216000171?via%3Dihub

• López-López, Mª T., Sánchez-Fuentes, A.J. y González-Hincapié, V. (2019), “Desigualdades atendiendo a las capacidades, composición y economía de los hogares españoles”, Documento de trabajo 1.5, Informe FOESSA.

Link: https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/1.5.pdf

• McConkey, R. (2020) «Public perceptions of the rights of persons with disability: National surveys in the Republic of Ireland» ALTER, European Journal of Disability Research 14 (2020) 128–139.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875067219300896

• Sen, A. (1992) “Nuevo examen de la desigualdad”, Madrid: Alianza Económica.

Link: https://www.alianzaeditorial.es/libro/ensayo/nuevo-examen-de-la-desigualdad-amartya-sen-9788420629513/

• Sen, A. (1999[1985]): “Commodities and capabilities”, Delih: Oxford University Press.

Link: https://www.jstor.org/stable/2232999?seq=1

[1] Dentro del Plan Estadístico Nacional 2017-2020, El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene previsto publicar en 2021 una nueva encuesta ‘Discapacidad, Autonomía Personas y situaciones de Dependencia’, para actualizar los últimos datos disponibles sobre personas con discapacidad en España, que son de 2008, con cifras de 2007. Esta falta de información, sin duda, dificulta cualquier debate, diseño, y análisis de las distintas políticas relacionadas con este colectivo.

Mª Teresa López López

U. Complutense de Madrid & Grupo de investigación “Políticas de Familia” de la U. Complutense de Madrid

Antonio Jesús Sánchez Fuentes 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM) & GEN-Uvigo
Director del Grupo de Investigación “Políticas de Familia de la U. Complutense de Madrid.